El magistrado Juan Carlos Peinado, que mantiene abierta la causa contra Begoña Gómez por supuestos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, decidió imputar el pasado viernes al empresario Juan Carlos Barrabés basándose exclusivamente en dos informes de la Guardia Civil que resultaron exculpatorios y en la propia declaración que Barrabés había prestado cuatro días antes como testigo —una condición otorgada por el juez que le impedía acogerse al derecho a no contestar a preguntas—, según consta en la resolución dictada para dirigir la causa contra este segundo investigado. La Fiscalía ya ha recurrido esa imputación al considerar que se ha emitido una resolución “nula” y a que el dictamen de Peinado ha “vulnerado derechos”.
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