Primero tendrá que lograr el aval del Congreso de los Diputados, con la aprobación de las modificaciones que sean necesarias en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), pero después, el pacto económico para Cataluña afrontará una batalla a cara de perro en los tribunales. Los Gobiernos autonómicos del PP y la dirección nacional de Alberto Núñez Feijóo han anunciado que impugnarán esta medida ante el Tribunal Constitucional, pero también que recurrirán los posibles desarrollos normativos que requiera en los Tribunales Superiores de Justicia, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo. Los Ejecutivos populares, que también anunciaron recursos contra la ley de amnistía para los independentistas catalanes, consideran que el concierto económico es inconstitucional y de “imposible aplicación” práctica porque vulnera, según su criterio, la obligatoria solidaridad entre territorios que establece la ley fundamental.
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