La justicia en España rara vez resuelve sus asuntos en plazos razonables, ni siquiera cuando son impuestos por la ley. Los juicios rápidos son lentos, las investigaciones se dilatan y hay decisiones que nunca llegan y dejan a empresas y ciudadanos con el bolsillo (o el corazón) en vilo. Tampoco las declaraciones o los juicios suelen empezar a la hora fijada. Con esos mimbres podía preverse que la administración de justicia tampoco iba a cumplir los exigentes plazos establecidos por la ley de amnistía, de cuya entrada en vigor se acaban de cumplir este domingo dos meses.
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