La ley de amnistía, que entró en vigor el pasado 10 de junio, establece un plazo máximo de dos meses para que los órganos judiciales se pronuncien sobre su aplicación (sin perjuicio de los ulteriores recursos, que no tendrán efectos suspensivos) o planteen cuestiones de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, e incluso sopesen la posibilidad de acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea suscitando la llamada cuestión prejudicial, es decir si la amnistía es compatible con los Tratados fundacionales de la UE. El plazo se cumplió el pasado sábado.

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