En su batalla de todos a una contra Pedro Sánchez, los gobiernos del Partido Popular han optado por mirar más los votos que el bolsillo. En el documento España entre todos, suscrito por los 12 Ejecutivos autonómicos del PP y las dos ciudades autónomas durante la cumbre de barones de este viernes en Madrid, los dirigentes territoriales han sellado el compromiso de no negociar bilateralmente sistemas de financiación con el Gobierno. Las autonomías se permiten así seguir hacia delante con los recursos económicos de los que ya disponen, en lugar de rascar más inversión al Estado en conversaciones de tú a tú. Porque los territorios liderados por el PP son conscientes del rédito político que supone una ofensiva unitaria, a bombo y platillo, contra la financiación singular contra Cataluña y priorizan dicho rédito a la posibilidad de engordar la hucha. De fondo de este agravio subyace una coyuntura en la que las comunidades han tenido recursos suficientes para prestar los servicios públicos con relativa comodidad, gracias a unos ingresos fiscales que han ido al alza y al oxígeno que ha llegado desde la Administración central.

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