El acuerdo entre la Fiscalía y los acusados de una red de prostitución de menores en Murcia que rebaja las penas a los encausados hasta permitirles eludir la cárcel ha abierto un debate en el seno del propio ministerio público. Fuentes fiscales señalan que el fiscal superior de Murcia, José Luis Díaz Manzanera, prevé convocar una junta de fiscales para debatir si se pide el ingreso en prisión de las cabecillas de la trama, las mujeres que captaban a las víctimas, cuyos abogados pactaron con la fiscal del caso una pena de dos años por cada uno de los delitos que se les atribuyen, en lugar de los siete años que pedía de inicio el ministerio público. Aunque el total de penas impuestas a las mujeres suman 16, 12 y 6 años de cárcel, los abogados aseguraron tras el acuerdo que la previsión era que evitaran ir a prisión porque ninguna de las penas superaba los dos años, lo cual abre la posibilidad a que no se ejecute el ingreso. La Fiscalía, sin embargo, se plantea pedir que las mujeres sí cumplan la pena de cárcel.

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