El 27% de las normas con rango de ley aprobadas en el año 2022 (20 de 74) eran reales decretos-ley, un instrumento previsto en la Constitución para situaciones de “extraordinaria y urgente necesidad” y que aprueba directamente el Gobierno —aunque luego, una vez en vigor, tenga que ser convalidado por el Congreso—. El año pasado, la proporción se había elevado ya al 32% (8 de 25). Un informe de la Fundación Hay Derecho presentado este viernes llama la atención sobre este dato que, según los autores del estudio, certifica una “creciente irrelevancia” del Parlamento, “eclipsado por el Gobierno” en su función principal, que es la legislativa.
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