Este 17 de septiembre, la negociación para resolver la crisis de acogida de los menores migrantes en Canarias ha vuelto al punto de partida de hace dos meses. Tras el fracaso del pasado 23 de julio en el Congreso de la reforma de la ley de extranjería, las partes han vuelto al principio. El PSOE y el PP, que cogobierna en las islas y votó en contra de la iniciativa, volverán a sentarse para negociar. Mientras, el presidente canario, Fernando Clavijo, presiona con lo que tiene: hacer valer sus votos en el Congreso. Según han confirmado EL PAÍS fuentes del Ejecutivo canario, Clavijo reclamó al Gobierno central que concretara una fecha para retomar las conversaciones con el PP y, además, un fondo de 165 millones de euros, el equivalente a lo gastado en la acogida de menores migrantes en lo que va de año. La cita con el PP se producirá, probablemente, la próxima semana. Pero el dinero se ha quedado en el aire tras otro desencuentro político al margen de los niños migrantes, según relatan distintas fuentes al tanto del choque: la negativa de Coalición Canaria a prorrogar la comisión mascarillas, en la que el PSOE intenta contrarrestar los ataques por la investigación a la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, fiscalizando los contratos millonarios de la Xunta de Galicia a la empresa Eulen, en la que la hermana de Alberto Núñez Feijóo es delegada territorial.

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