El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha explicado este jueves a la Junta de Fiscales de Sala su decisión de no dimitir después de que el Tribunal Supremo le haya abierto una causa por la supuesta filtración de un correo electrónico remitido al ministerio público por el abogado de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, e imputado por fraude fiscal. Aunque esa decisión no se ha sometido a votación, fuentes de la Fiscalía señalan que la mayoría de la Junta, en la que han participado 30 fiscales, ha respaldado al jefe del ministerio público, pero también se han escuchado voces críticas con su decisión de mantenerse en el cargo. Según estas fuentes, solo ocho fiscales han pedido a García Ortiz que dimita, aunque otros miembros consultados de la Junta elevan esta cifra a 11 y aseguran que otros dos han sugerido que la renuncia sería lo mejor para la institución.

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