La Abogacía del Estado ha solicitado que se anule el registro que la Guardia Civil practicó en el despacho del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y que se borre el material que se le intervino en la causa judicial abierta tras la denuncia impulsada contra él por Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Los servicios jurídicos del Estado, que defienden en el procedimiento al máximo representante del ministerio público, consideran que esa iniciativa del magistrado instructor Ángel Luis Hurtado estuvo repleta de “defectos”, supuso una “manifiesta y notoria desproporción”, y vulneró varios “derechos fundamentales”.
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