La pregunta inmediata tras el acuerdo con Junts para la delegación de la competencia en inmigración a la Generalitat, que ha costado un año y dos meses, era evidente: ¿esto allana el camino a los Presupuestos? Pero el Gobierno, lejos de ofrecer la respuesta que podría parecer obvia, esto es, que los facilita, mostró una gran cautela. El PSOE y Junts no han negociado en ningún momento inmigración a cambio de Presupuestos. Tampoco se negoció con ERC por la quita de la deuda, un alivio de 17.000 millones de euros pensado inicialmente para Cataluña —fue uno de los compromisos a cambio de su apoyo hace 15 meses a la investidura de Pedro Sánchez— y que el Ministerio de Hacienda ha extendido al resto de comunidades de régimen común con un montante de 83.000 millones, a cambio de su respaldo a las cuentas públicas. Para los dos partidos independentistas, que rivalizan en todo, también en ver quién saca más cosas en sus negociaciones con el Gobierno, era fundamental huir de este marco.
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