El juez Santiago Pedraz, titular del juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, dictó una providencia el pasado 3 de marzo en la que exige a la Dirección General de la Policía y a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) “cuantas notas, actas, diligencias, oficios, comparecencias, atestados o informes que se hayan elaborado en relación con el partido político Podemos, la fundación CEPS o cualesquiera de los 67 dirigentes de esta formación entre mayo de 2014 y diciembre de 2016″. Con esta decisión, el juez profundiza en su investigación sobre la guerra sucia que impulsó el Ministerio del Interior contra Podemos y sus dirigentes durante el mandato del Gobierno de Mariano Rajoy (PP). Esa persecución ilegal a Podemos, de la que ya existen numerosas pruebas y testimonios policiales que lo confirman, se hizo siempre sin respaldo judicial y supone uno de los episodios más oscuros de la reciente etapa democrática.

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