El Gobierno central y el de Canarias se reunieron este jueves para dar respuesta al reciente auto del Tribunal Supremo que obligaba a que más de 1.000 menores migrantes no acompañados que han solicitado asilo pasen al sistema nacional de acogida. Pero, a la espera de una solución de consenso, el Ejecutivo central ha recurrido la resolución del alto tribunal y ha pedido la suspensión del plazo de 10 días que le dieron los magistrados para hacerse cargo de esos menores que actualmente están bajo el paraguas de los servicios de protección de Canarias. En el recurso, al que ha tenido acceso EL PAÍS, la Abogacía del Estado defiende que la Administración autonómica canaria es la competente en materia de acogida de los menores migrantes sean o no solicitantes de protección internacional. Según el Gobierno, acatar el fallo y derivar a esos menores a los recursos del Estado redundaría “en perjuicio del interés superior del menor”.

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