Los niños y adolescentes que llegaron solos en cayuco a Canarias no solo están hacinados, sino que además no tienen papeles. Solo unos 800 menores de los 5.800 que hay tutelados en las islas cuentan con una autorización de residencia, según los datos oficiales que ha cruzado EL PAÍS. La cifra no es pública, ni accesible a nivel interno, quizá porque revela de forma flagrante cómo el sistema y las administraciones fallan. El hecho de que solo un 14% de todos esos jóvenes tenga una autorización de residencia implica que se está desobedeciendo la ley, que obliga a tramitar sus documentos. El “incumplimiento generalizado”, denunciaba el Defensor del Pueblo el verano pasado, empuja a que “cientos de menores alcancen la mayoría de edad cada mes sin documentar”. Aunque a estos menores tutelados se les considera regulares a todos los efectos, la falta de autorizaciones de residencia y trabajo es un problema grave, sobre todo, cuando cumplen los 18 años y se ven en la calle. “Documentar a los niños es la manera de darles acceso a sus derechos. Y es que la ley hay que cumplirla”, afirma una fuente dedicada a la protección de menores desde hace casi cuatro décadas.

Seguir leyendo