Tal y como han hecho antes países como Libia, Túnez o Marruecos, el Gobierno de Mauritania ha comenzado a aplicar una política de mano dura respecto a la emigración irregular que ya se deja sentir. En los cuatro primeros meses del año, el Gobierno mauritano ha interceptado a más de 30.000 migrantes, según fuentes gubernamentales, de los cuales miles han sido expulsados a la fuerza y el resto permanecen en centros de detención, ha desmantelado unas 80 redes de emigración irregular, frente a 148 todo el año pasado, y ha enviado a prisión a 119 personas vinculadas a esta actividad. En esos mismos cuatro meses hasta Canarias han llegado 10.538 personas por vía marítima irregular, lo que representa un descenso del 33,8% respecto al mismo periodo de 2024.

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