El jueves 10 de abril, un hombre de 65 años mató con una escopeta a su hijo de 37 años tras una discusión en Toledo. Hacía apenas tres días que otro hombre, de 72 años, había entrado en prisión por el asesinato de su esposa. En enero detuvieron a una mujer de 87 años que vendía droga desde su ventana. Y a final de año detuvieron a un atracador de bancos de 71 años que juraba que esta iba a ser su “última vez”. Los delincuentes de mayor edad saltan a los medios por su carácter extraordinario, pero detrás de esos casos suele haber falta de alternativas vitales, necesidades económicas extremas o patologías mentales, como puede ser una demencia. En la primera semana de abril había 3.301 presos mayores de 60 años en las cárceles de la Administración General del Estado, en las que no se incluye País Vasco ni Cataluña. La cifra, que supone el 6,6% de la población penitenciaria, es pequeña, pero ha ido creciendo en las últimas décadas, incluso por encima del ritmo de envejecimiento de la población que vive en libertad.

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