El apagón masivo del 28 de abril ha tenido como uno de sus efectos colaterales el recrudecimiento del debate en España sobre la continuidad de la energía nuclear. Y una de las piezas clave es el uranio que emplean las cinco centrales atómicas que hay en el país, que debe importarse. Pero una empresa tenía intención de explotar un yacimiento en el municipio salmantino de Retortillo. En el fragor del debate sobre el apagón, el PP ha mostrado su apoyo a esta explotación. La empresa que quería hacerlo en ese yacimiento es la australiana Berkeley, que ha reclamado 921 millones de euros al Estado por el veto a la mina del Gobierno. De esa empresa es asesor Jaime García-Legaz, secretario de Estado de Comercio en el Ejecutivo de Mariano Rajoy entre 2011 y 2016 y presidente y consejero delegado de Aena los dos años siguientes, hasta el cambio de gobierno que propició la moción de censura con la que Pedro Sánchez llegó a La Moncloa.

Seguir leyendo