La presencia de la Iglesia católica en el debate público español a menudo genera revuelo —y cierto nerviosismo— cuando pasa de ser escenario de polémicas o escándalos a convertirse en agente activo en cuestiones sociales y políticas. Dos hechos recientes lo han puesto de relieve: el acuerdo firmado entre el Gobierno y el Vaticano sobre el futuro del Valle de Cuelgamuros, y la reclamación de que el Partido Socialista y el Partido Popular (es decir, la mayoría parlamentaria representante de la gran mayoría social de este país) acepten la tramitación de la iniciativa legislativa popular que busca regularizar a medio millón de inmigrantes.

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