Un buen funcionamiento del servicio público de justicia es necesario para la garantía de los derechos y de la igualdad entre ciudadanos. Un sistema judicial correctamente engrasado contribuye a la buena convivencia, la cohesión social y la seguridad jurídica. La defensa del Estado de derecho se juega, de manera importante, en el hecho que exista calidad en los tribunales y garantías de independencia e imparcialidad del poder judicial. Si bien esto es una evidencia, no parece que esta constatación se traduzca en hechos: el ámbito de la justicia tradicionalmente ha quedado relegado a un segundo plano. Tanto las demandas ciudadanas como la preocupación partidista se han centrado más en otras cuestiones. O bien, cuando actores políticos y sociales han hablado de justicia lo han hecho demasiado pegados a reivindicaciones corporativas de poco recorrido.

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