El acto solemne de inauguración del año judicial es uno de los momentos en los que la idea de institucionalidad cobra significado. Los ritos, los mitos y los símbolos que rodean al poder judicial se hacen visibles hasta el punto casi de intimidar. De hecho, impresiona ver cómo el salón de plenos del Tribunal Supremo recibe a las autoridades revestidas de sus togas y con todas las distinciones en forma de medallas. Todo anticipa la importancia del momento, pero refleja también el poder que representan quienes están llamados a ejercer jurisdicción. Luego vienen los discursos mandatados por ley, en el caso del fiscal general del Estado para que recoja en su memoria lo acontecido durante el año judicial, o el de la presidenta del Tribunal Supremo, orientado a definir los desafíos a los que se enfrenta la justicia y, como consecuencia de ello, reclamar al ministro de Justicia, allí presente, que provea los recursos necesarios para que la justicia sea de calidad. Finalmente, es el rey, en nombre de quien la Constitución dice que se imparte justicia, el encargado de cerrar el acto y dar por inaugurado un nuevo año judicial.

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