El jurado popular ha vuelto a colocarse bajo los focos tras la resolución dictada el martes por el magistrado Juan Carlos Peinado en el caso Begoña Gómez, donde comunicó que la línea de investigación que mantiene abierta por el delito de malversación contra la esposa del presidente será juzgada por este tipo de tribunal en el caso de que llegue a celebrarse una vista oral. La posibilidad de que la mujer de Pedro Sánchez acabe sentada ante nueve ciudadanos legos en Derecho, que difícilmente no tendrían una idea preconcebida sobre ella y su marido, ha reabierto el debate sobre esa figura. ¿Existen mecanismos para protegerse de los sesgos de sus componentes? ¿Debería modificarse el listado de delitos que enjuicia el jurado para excluir los más técnicos? ¿Debería, incluso, eliminarse esta institución?

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