La ley de memoria democrática cumple este martes tres años en vigor, con parte de su articulado todavía pendiente de desarrollar y tras la derogación de las normas regionales sobre la materia en los gobiernos autonómicos (Aragón, Comunidad Valenciana, Extremadura, Cantabria…) donde el PP depende de Vox ―la andaluza, donde los populares gobiernan con mayoría absoluta, sigue vigente―. El secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, admite que “quedan aún cosas por abordar”, pero destaca “los avances significativos en la aplicación de la ley en un contexto muy preocupante, cuando muchos jóvenes que no han estudiado el franquismoe en la escuela y que no saben lo que supone vivir en una dictadura reciben desinformación por parte de la extrema derecha”. Martínez destaca el papel de la fiscalía de derechos humanos y memoria democrática, que ahora cuenta “con fiscales en todas las provincias que pueden desplazarse a las exhumaciones, asistir a las víctimas y facilitarles el acceso a la verdad”, así como el trabajo realizado para resignificar el Valle de Cuelgamuros, el antiguo mausoleo de Franco, y tratar de devolver a sus familias los restos de víctimas que fueron allí enterradas sin su consentimiento.

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