El Consejo de Ministros prevé aprobar este martes una de las reformas legales de mayor envergadura de los últimos años: la de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim), un proyecto que se ha ido retrasando desde hace casi 15 años y que supondrá un cambio estructural en el proceso penal. El texto que el Gobierno remitirá al Congreso para su tramitación parlamentaria implica que las investigaciones penales ya no estarán en manos de jueces instructores, sino de los fiscales, de acuerdo con el modelo que rige en la mayoría de países de la UE y que ya funciona en España para la Fiscalía Europea y para los delitos cometidos por menores. El proyecto incluye otras novedades, como una reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) que desvincula el mandato del fiscal general de la legislatura; y una limitación de la figura de la acusación popular, que ya no podrá ser ejercida por los partidos políticos ni los sindicatos y se restringe a entidades que tengan un “vínculo legítimo” con el objeto de la causa.

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