Las magistradas progresistas Susana Polo y Ana Ferrer se desmarcan de la mayoría de la sala del Tribunal Supremo que ha sentenciado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y advierten de que no hay pruebas suficientes para una condena por un delito de revelación de secretos. Polo y Ferrer sostienen que no está probado que García Ortiz filtrara el correo del 2 de febrero de 2024, que está bajo el foco en la causa del novio de Isabel Díaz Ayuso, ni ven delictiva la nota de prensa que se redactó por el Ministerio Público, por lo que entienden que procedía la libre absolución del fiscal general. “Se desmintió una acusación falsa de actuación ilícita de la Fiscalía −haber ofrecido un acuerdo y posteriormente retirarlo por razones políticas− impulsada desde el aparato de un poder público […]. Informar a la opinión pública de que esto no había sido así, era no solo una opción legal, sino la única opción legal”, reflejan las togadas.

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