El Tribunal Supremo ha ordenado este miércoles la ejecución de la sentencia por la que condenó al ya ex fiscal general del Estado por un delito de revelación de datos reservados. En la resolución, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, la Sala Penal insta a que se requiera a Álvaro García Ortiz el pago de la multa impuesta, de 7.200 euros, y la indemnización de 10.000 euros al empresario Alberto González Amador, procesado por fraude fiscal y pareja de Isabel Díaz Ayuso. Respecto a los dos años de inhabilitación especial para el cargo de fiscal general, el Supremo ordena enviar copia del auto y de la sentencia a la Inspección de la Fiscalía General del Estado “a los efectos oportunos”. Ahora tendrá que ser el ministerio público, ya dirigido por Teresa Peramato, el que decida si la condena implica la expulsión de la carrera fiscal para García Ortiz.

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