La mesa de diálogo entre los gobiernos central y catalán ha dado sus primeros frutos, sin entrar de momento en las cuestiones más vidriosas. ERC deja aparcadas sus reivindicaciones máximas de autodeterminación y se compromete a seguir actuando dentro del marco legal, a cambio de algunas concesiones del Ejecutivo de Pedro Sánchez, sobre todo en materia lingüística. El Gobierno se dirigirá al Parlamento europeo para pedir que permita el uso del catalán y expresa su respaldo a la ley sobre los idiomas en la enseñanza aprobada por el Parlament, con el voto a favor de los socialistas, e impugnada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ante el Constitucional.

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