Todos los caminos de esta convulsa legislatura conducen a la política de vivienda. Allí se estrellan todas las medidas sociales del Gobierno, devoradas por el aumento desorbitado de los alquileres. Y allí se produce una gran batalla ideológica entre la derecha, que plantea dejar que el mercado inmobiliario arregle el problema con más viviendas, y la izquierda, que propone intervenirlo para reequilibrar la desigualdad que beneficia a los propietarios, los grandes ganadores de la crisis. Esa misma batalla por la política de vivienda tiene ahora bloqueadas las pensiones de más de nueve millones de jubilados, pendientes de un nuevo decreto que evite que en la nómina de febrero reciban 50 euros menos de media, después el Congreso tumbara el pasado martes, con los votos en contra de PP, Vox y Junts, la medida que autorizaba esa subida con la excusa de que incluía otras muchas medidas que no compartían.

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