Una decena de instrucciones judiciales investigan el espionaje al independentismo catalán con el programa Pegasus. Llevan más de tres años, pero las pesquisas apenas han avanzado. Chocan con una ley de 1968, la de Secretos Oficiales, que protege la actividad del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Su directora, Esperanza Casteleiro, ha testificado en dos ocasiones y su aportación al caso ha sido casi nula. Y su antecesora, Paz Esteban, que consta como imputada en cinco causas y fue cesada cuando trascendió que uno de los espiados había sido el expresident Pere Aragonès, ha comparecido en cuatro ocasiones también por videoconferencia con contribuciones similares. Ambas se han amparado en que se trata de información reservada.

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