El Gobierno ha presentado este martes el anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública, que recoge buena parte de las medidas del plan estatal de lucha contra la corrupción con el que el Ejecutivo respondió el pasado julio al escándalo en el que están procesados dos exsecretarios de Organización del PSOE, José Luis Ábalos y Santos Cerdán. La norma, que obliga a modificar otras 18, incluidas seis leyes orgánicas -que requieren mayoría absoluta en el Congreso- incluye la transposición de algunas directivas europeas, así como la incorporación de viejas reclamaciones del Consejo de Europa, y depende, para su aprobación, de una compleja negociación parlamentaria.
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