Teresa Peramato, nueva fiscal general del Estado, se someterá a su primer gran examen el próximo viernes tras el terremoto que supuso en la institución la salida de Álvaro García Ortiz, condenado por el Tribunal Supremo por un delito de revelación de secretos. Los nombramientos discrecionales siempre son objeto de controversia, pero las circunstancias que rodean esta renovación acrecientan la expectación ante el Pleno del Consejo Fiscal del viernes, donde elegirá entre más de 80 candidatos para cubrir 19 plazas, entre ellas seis en el Tribunal Supremo. Peramato llegó al puesto con la promesa de “sanar heridas” y contar con todos los fiscales y se enfrenta a la disyuntiva de mantener una política continuista o de ruptura. Fuentes fiscales consultadas por EL PAÍS indican que la fiscal general buscará el equilibrio entre las distintas sensibilidades repartiendo los cargos de forma proporcional entre la AF (Asociación de Fiscales, la mayoritaria), la UPF (la Unión Progresista de Fiscales, la segunda en número de miembros), la APIF (la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, minoritaria) y los no asociados.

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