Las reacciones a la posición del Gobierno sobre el conflicto de Irán ilustran bien un fenómeno habitual en el debate político: la mezcla de argumentos incompatibles que, lejos de aclarar el problema, lo emborronan. Es lo que ocurre cuando la coherencia conceptual queda subordinada al impulso, casi mecánico, de oponerse al adversario. Uno dice que la intervención militar rompe con las normas del derecho internacional, que es ilegal; otra replica: “Les animo a irse solas y borrachas por Teherán”, o sea, Irán oprime a las mujeres. Ambos tienen razón, pero hablan de cosas distintas. El ataque a Irán no está cubierto por las condiciones que exige la Carta de las Naciones Unidas para el uso de la fuerza sobre un Estado soberano. Punto. Que en ese y en otras muchas decenas de Estados se vulneren los derechos humanos no afecta al núcleo del problema. Ni siquiera es evidente que la intervención humanitaria esté plenamente justificada por la legalidad internacional. Esta solo se admite en situaciones extremas, como el genocidio o los crímenes de lesa humanidad, y aun así seguiría siendo ilegal sin aprobación del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

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