La Abogacía del Estado se opone a la suspensión cautelar del decreto para la regularización extraordinaria de inmigrantes aprobado en abril por Consejo de Ministros. Los servicios jurídicos del Estado han pedido al Tribunal Supremo que rechace la petición que han presentado tres asociaciones, la Comunidad de Madrid y Vox para que la justicia frene de forma cautelar el proceso por el que el Gobierno prevé que unos 500.000 inmigrantes que se encuentran en España en situación irregular puedan incorporarse al sistema, cotizar, pagar impuestos y tener derechos y obligaciones. Según la Abogacía, no se dan los requisitos legales para adoptar esa medida cautelar, ya que los efectos del proceso no serían “irreversibles” si el Supremo revoca en un futuro la regularización, ni la concesión de una autorización de residencia va a impactar en los servicios públicos, como sostenían las peticiones de suspensión.

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