Los indicios de prevaricación y de malversación en la adjudicación de un centro comercial de Melilla, inaugurado en 2017, por parte del Gobierno del PP surgieron a raíz de otra investigación: la que indaga sobre la supuesta trama de compra de voto por correo en la ciudad autónoma durante las elecciones autonómicas de mayo de 2023. La instrucción de la macrocausa bautizada como caso Santiago-Rusadir, que se alarga ya tres años, está a cargo de la magistrada Carmen María Perles, del juzgado de Instrucción Número 2, con el foco puesto sobre el partido Coalición por Melilla como investigado. Las pesquisas continúan todavía y fue durante un registro domiciliario relacionado con la presunta trama criminal cuando los agentes de la Policía Nacional encontraron un documento no relacionado con ese proceso, sino que hacía referencia a otro asunto y cuyo contenido levantó sus sospechas: la construcción del Parque Murias durante el quinto mandato del popular Juan José Imbroda.

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