La democracia es el único régimen que se ata las manos a sí mismo. Se prohíbe ciertos atajos no porque no funcionen, sino porque lo hacen demasiado bien. Por ejemplo: la coacción produce confesiones, y las filtraciones producen condenas anticipadas. Todo eso funciona en el sentido de que consigue resultados, aunque estos no sean ya justicia sino otra cosa: un castigo sin juicio. Tenemos un problema. Asistimos a la instrucción de una causa contra un expresidente del Gobierno y no sabemos cómo mirarla. Hay materia: gestiones opacas, joyas en una caja fuerte, indicios que merecen investigarse y acaso acabar en condena. Decir lo contrario es faltar a la verdad. Pero, a su vez, hay filtraciones constantes desde el interior del proceso, datos médicos incorporados a un anexo policial que nada aportan a la instrucción, informes que llegan al juzgado el mismo día de la sesión de control y se difunden mientras el presidente Sánchez responde en el hemiciclo. Las dos cosas son ciertas al mismo tiempo, y nuestra incapacidad para sostenerlas juntas es seguramente lo más grave de todo lo que ocurre.

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