Cuando el 9 de junio, el tribunal dejó visto para sentencia el juicio contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno; el exlíder del PSOE extremeño Miguel Ángel Gallardo y otras nueve personas, la impresión entre los abogados de las defensas y las acusaciones populares era que el sentido del fallo dependía en gran medida de la valoración que los tres magistrados hicieran de dos elementos: los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que sostenían que hubo irregularidades en la creación de un puesto de trabajo para el familiar de Pedro Sánchez y otro para un amigo suyo, y la treintena de testimonios que durante el juicio habían contradicho, precisamente, las conclusiones de aquellos. El fallo, conocido este martes y que condena a pena de inhabilitación a los 11 acusados, deja claro que los jueces optaron por el documento policial.

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