Un testigo protegido al que la Administración debía más de 500.000 euros por su labor en la desarticulación de una banda de narcotraficantes ha fallecido sin cobrar la deuda que reclamaba sin éxito desde hacía 16 años. Pese a que la Justicia reconoció el adeudo, una interminable disputa entre los ministerios de Interior y Justicia paralizó el pago porque ambos se declaraban “no competentes”.
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