Los anteproyectos anunciados por el Gobierno este martes, cuando se cumple casi un mes del inicio de la crisis migratoria de Ceuta, para aprobar una nueva ley de asilo que sustituya a la vigente y reformar la actual norma de extranjería suponen una de cal y otra de arena para los migrantes. Los textos, a los que ha tenido acceso EL PAÍS, aumentan por un lado las garantías de menores y otros colectivos vulnerables, como el LGTBI+ o las mujeres víctimas de violencia de género, pero por otro introducen restricciones al derecho de asilo, contemplan la posibilidad de confinar en zonas e, incluso, en edificios a los solicitantes y aceleran los plazos de expulsión de migrantes irregulares, en línea con la política de mano dura por la que ha apostado en los últimos años la Unión Europea (UE). El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha recalcado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes que los proyectos pretenden, precisamente, adecuar la legislación española al Pacto Europeo de Migración y Asilo, que busca, ante todo, instaurar un sistema rápido para diferenciar quién tiene derecho a pedir asilo y quién no y, a partir de ahí, acelerar la expulsión de migrantes irregulares por motivos económicos. Estas son algunas de las novedades de ambos textos:

Seguir leyendo