Una plaza se vuelve plenamente pública cuando la usamos para mostrar lo que sufrimos a solas y descubrimos que es asunto de todos. Por eso es tan revelador el modo en que Ayuso —quien gobierna el mercado de alquiler más caro del país con competencias para intervenir en él— pretende tratar como un problema de orden público el ejercicio de un derecho, y hacer desaparecer de la vista lo que la plaza ha conseguido mostrar. Ocurre, sin embargo, que los movimientos sociales nunca hablan solo hacia fuera, a las instituciones a las que piden una ley, sino también hacia dentro, a la sociedad que construyen con su protesta. Al llevar a la plaza las necesidades que suelen quedarse en casa, quienes acampan en Sol nos piden a todos que nos hagamos cargo de ellas, y en esa ciudad efímera de turnos, cuidados y asambleas nos muestran que es posible otra manera de habitar juntos, una que ningún decreto puede recoger. Pero estamos tan acostumbrados a imaginar el futuro como catástrofe (el colapso climático, las guerras, las máquinas que nos sustituyen) que cualquier otra posibilidad nos parece ingenua, como si el sentido común hubiera decidido de antemano qué es realista y qué no.

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