La respuesta a la pregunta es tan obvia que cabe ahorrarla. Sin embargo, la opinión de un grupo de magistrados de la Sala III del Tribunal Supremo parece ir por un camino contrario al marcado indudablemente por el artículo 23 de la Constitución Española, al menos cuando se trata de algunos españoles que accedieron a la nacionalidad en virtud de la Ley de Memoria Democrática de 2022, por razón de la persecución política que sufrieron sus antepasados como consecuencia de la Guerra Civil.

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