Durante la ofensiva terrorista de ETA de los años 2000-2001, que se saldó con 38 muertos y que tuvo una enorme repercusión mediática porque buena parte de las víctimas eran personas con un marcado reconocimiento social, nadie pensaba en círculos policiales y políticos que 10 años después, el 20 de octubre de 2011, finalizaría el terrorismo. Y todavía menos en las condiciones en que llegó este final: una decisión unilateral de ETA, que dejaba las armas sin haber logrado ninguna de sus exigencias políticas, como la incorporación de Navarra al País Vasco y la autodeterminación. Tampoco obtuvo la amnistía que reclamaba para sus presos, ni siquiera logró indultos. Fue un final ordenado, reconocido por ETA, sin escisiones, y que tuvo su epílogo con la disolución de la organización en mayo de 2018. Terminó así porque el acoso policial, social y la presión, en su último tramo, de Batasuna, su antiguo brazo político, la dejó extenuada. Ese final del mal endémico que marcó casi medio siglo de la vida española, con una estela de 853 asesinatos, fue un triunfo de la persistencia de la sociedad española y de sus gobiernos democráticos. 15 años después, increíblemente, esa victoria ciudadana sigue sin reconocimiento oficial al carecer de unanimidad política.

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