La falta de acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que se alarga ya casi cuatro años, ha encendido las alarmas en el Tribunal Supremo, el órgano en el que reside la cúpula del Poder Judicial español y el más afectado por esa interinidad. La imposibilidad de cubrir las vacantes a raíz de una reforma legal que veta los nombramientos discrecionales mientras el Consejo esté en funciones ha dejado diezmado al Supremo (con 14 puestos vacíos de un total de 79) y algunas de sus salas tienen ya graves problemas de funcionamiento. En este escenario, entre magistrados del alto tribunal consultados por este periódico se ha extendido el convencimiento de que hay que reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para establecer que los vocales del CGPJ cesarán de forma automática en cuanto se cumplan los cinco años de mandato que establece la Constitución. La misma reforma proponen para los mandatos del Tribunal Constitucional, cuya renovación está pendiente de que el órgano de gobierno de los jueces nombre a los dos magistrados que le corresponde designar.

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