España, como toda Europa, está inmersa en una crisis económica y energética derivada —o agravada— por la guerra de Ucrania y que nadie sabe cómo evolucionará. Pero está también a las puertas de un año electoral, 2023, que decidirá los gobiernos de 12 comunidades autónomas, más de 8.000 ayuntamientos y, a la postre, el de La Moncloa. En ese contexto, y tras una década de competencia fiscal a la baja entre las comunidades, una decena de Ejecutivos autonómicos se han lanzado a anunciar rebajas de impuestos. Se trata del procedimiento habitual de cada nuevo ciclo electoral. El argumento principal en este caso es que resulta necesario compensar a la población por el efecto de la inflación (la subida de precios, desbocada ya al 10,5%), pero la consecuencia será también una merma millonaria de recursos para las arcas públicas en plena crisis. A las rebajas fiscales aprobadas por los Ejecutivos del PP en Madrid, Andalucía, Galicia, Castilla y León y Murcia se sumó este martes por sorpresa el valenciano Ximo Puig, del PSOE, que anunció una reducción del IRPF aunque subrayando que en su caso beneficiará sólo a “las clases medias y trabajadoras”. Y en la estela de Puig se sitúan ya otras cuatro comunidades con presidente socialista: Castilla-La Mancha, Aragón, Canarias y Navarra han confirmado a este periódico que estudian rebajas de impuestos.

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