La elección parlamentaria de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que defiende el Gobierno, está avalada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y por la práctica de sus casi cuarenta años de vigencia, con gobiernos del PSOE y del PP. El sistema —que inicialmente dejaba la designación en manos exclusivamente de los jueces, luego pasó a depender solo del Parlamento y desde 2001 funciona con una fórmula híbrida, con participación de los jueces y de las Cámaras— fue puesto en cuestión casi desde el principio. En 1985 Alianza Popular, luego refundada en el PP, recurrió al tribunal de garantías, pero fracasó en su intento de que dicho modelo fuera declarado inconstitucional. Eso sí, la sentencia, dictada en 1986, advertía contra los posibles abusos que podían derivarse de la negociación entre los partidos políticos: fundamentalmente, que eligieran a los jueces más afines y acabaran generando vínculos de dependencia más o menos sutiles.
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