Cada día que pasa se apuntala con más claridad el eje del debate que dominará la política española en los próximos meses, que se moverán entre la crisis provocada por las consecuencias de la guerra de Ucrania y la larguísima campaña electoral hasta las generales de finales de 2023. En ese contexto, Pedro Sánchez se ha encontrado un problema importante: las medidas del Gobierno tienen un gran apoyo social, incluso entre los que no le votan, pero no así el Ejecutivo, que tiene a su electorado desmotivado frente a una derecha en plena ebullición y con ganas de votar para echarle. Sánchez ha decidido que la mejor manera de enfrentarse a ese problema, que no parece aún irresoluble —sí lo era en 2011, cuando los progresistas rechazaban los recortes de José Luis Rodríguez Zapatero, explican en La Moncloa— es reivindicar su tarea de Gobierno, por ejemplo los 35.000 millones de euros que se han puesto encima de la mesa para paliar la inflación —con medidas tan directas como la gratuidad del transporte público, que compensa la mitad del impacto inflacionario en un sueldo de 1.500 euros, según explicó el presidente— pero sobre todo buscar un combate ideológico muy claro con el PP.

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