El acuerdo para renovar el Poder Judicial se ha topado con un gran escollo. A pesar de que estaba muy avanzado y se esperaba la fumata blanca en los próximos días, todo se ha complicado en las últimas horas por los planes del Gobierno de llevar adelante una reforma del delito de sedición que podría beneficiar a varios dirigentes independentistas catalanes. El PP exige al Ejecutivo que no se reforme la sedición para pactar el CGPJ, según fuentes conocedoras de las conversaciones. Cuando socialistas y populares estaban perfilando los últimos detalles, la negociación se ha encontrado con un impedimento de última hora a la espera de aclarar qué sucede con esa reforma legal y al anunciar en el Congreso, durante el debate de Presupuestos para 2023, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la intención del Ejecutivo de llevar esa propuesta a la Cámara. Montero, ante la crisis desatada, ha salido a los pasillos a matizar que ella no estaba en las negociones y que en su opinión aún no hay mayoría para impulsar esa reforma. Las conversaciones sobre el pacto judicial entre el PSOE y el PP, en todo caso, no se han interrumpido.

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