El Tribunal Constitucional ha reaccionado este domingo con contundencia y profundo malestar a las presiones políticas y mediáticas que viene recibiendo desde hace días para alterar su actividad y acelerar las sentencias pendientes sobre los asuntos más controvertidos, sobre todo la relativa a la prohibición de nombramientos que sigue vigente para el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Fuentes del tribunal ya dejaron claro a comienzos de semana —como informó EL PAÍS— que no se iban a cambiar las previsiones del órgano de garantías por injerencias o conveniencias políticas.

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