La posibilidad de rebajar las penas por los delitos de malversación, a la vez que se cambia el de sedición por otro de desórdenes públicos agravados, se presenta problemática entre los propios aliados del Gobierno. Los más decididos partidarios de la medida —que supondría otro alivio para la situación penal de los dirigentes independentistas condenados por el procés y los que aún están pendientes de juicio— son ERC y una parte de Unidas Podemos. Pero el mismo grupo republicano admite dificultades para hacer esa reforma sin abrir la puerta a que queden indemnes otras prácticas corruptas; y, dentro del Gobierno, un sector de Podemos también se muestra reacio. Otros aliados habituales, como Compromís, han pedido “cautela y precaución”. El portavoz parlamentario de ERC, Gabriel Rufián, ha sugerido este martes que habría que buscar una solución “quirúrgica” y que solo afectase a la malversación cuando este delito esté “vinculado a la sedición”, lo que acotaría el alcance de la reforma exclusivamente a los dirigentes independentistas del procés catalán.

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