El último gran riesgo para la seguridad de las cárceles viene por el aire y tiene forma de vehículos aéreos no tripulados: los drones. Las estadísticas oficiales del Ministerio del Interior constatan un incremento exponencial en el último año del número de alertas en las prisiones provocadas por la presencia de estas aeronaves, utilizadas para introducir droga y otros objetos prohibidos, como teléfonos móviles. Así, en los primeros nueve meses de 2022 se han contabilizado 41 incidentes entre “avistamientos” e interceptaciones de estos aparatos, según una respuesta de Instituciones Penitenciarias al Portal de Transparencia a la que ha tenido acceso EL PAÍS. Esta cifra iguala, prácticamente, la suma de los incidentes que estos ingenios habían provocado en los cinco años anteriores, cuando fueron 42 en todo el periodo. El secretario general de Prisiones, Ángel Luis Ortiz, ya admitió en febrero que la “aparición de este tipo de aparatos sobrevolando los centros penitenciarios en toda España” se había convertido en “un problema de seguridad”.

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