El pacto entre el Gobierno y Esquerra para reformar el Código Penal y modificar el delito de sedición ha estimulado un encendido debate político dentro del independentismo acerca de las luces y las sombras que implica la enmienda normativa. Las voces críticas alertan de que la revisión de los tipos penales beneficia solamente a una minoría de los independentistas involucrados en causas judiciales, básicamente a aquellos que ostentaban cargos de responsabilidad en el Govern o en la administración autonómica. Mientras esto ocurre, no se esperan cambios legales que puedan reducir las condenas para las bases independentistas que participaron en manifestaciones y disturbios alentados por los llamados Comités de Defensa de la República (CDRs) o incluso por el propio expresidente de la Generalitat Quim Torra, que llamó a la protesta bajo el grito de: “¡apretad!”. Entre las bases independentistas, además, ha arraigado el temor de que la reforma legal les puede acabar perjudicando en futuras manifestaciones por los cambios en el delito de desórdenes públicos.

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Una maniobra para «castigar y encarcelar la disidencia política»

Oscar Campos es un vecino de Girona de 38 años que fue detenido por el bloqueo de la autopista AP-7 en Salt en 2019. Su causa se archivó, pero le piden 4 años de cárcel por desórdenes públicos, daños y atentado a agente de la autoridad por su supuesta participación en el corte de la línea del AVE en el primer aniversario del 1-O. Cree que la reforma del delito de desórdenes públicos «es perjudicial y sienta un precente muy peligroso para todo el que se manifieste con magnitud, ya que el aumento de las penas mínimas puede significar directamente el ingreso en prisión». Considera que «el objetivo final es la estrategia del poder político de aliarse con el poder judicial  y darle herramientas para reprimir el derecho fundamental de manifestación». Cree que debería haber un movimiento general «antirepresivo» para intentar tumbar esta reforma, que lo que pretende, según él, es «castigar y encarcelar la disidencia política».