La controversia de los nombramientos del Ejecutivo para el Tribunal Constitucional puede llevar al choque de trenes entre instituciones

El nombramiento de los cuatro magistrados que deben ser designados en este turno de renovación del Constitucional viene siendo objeto de fuerte controversia desde hace meses. Sobre todo desde junio pasado, cuando terminó el mandato del tribunal con su actual composición. Dos de esos magistrados han de ser designados por el Gobierno y los otros dos por el Consejo General del Poder Judicial. Pero el sector conservador del Poder Judicial se ha negado con todo tipo de excusas a proponer siquiera un candidato, bloqueando la renovación, que debió producirse antes del pasado 13 de septiembre. Ahora, con el nombramiento de los dos magistrados que le corresponde efectuar al Ejecutivo, la pregunta es si podrán incorporarse al tribunal de garantías, o si cabe la posibilidad de que el propio tribunal vete su ingreso, y cómo debería resolverse un conflicto planteado en estos términos.

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